Angelini y Von Appen paralizan Mina Invierno: advierten que darán pelea judicial

En una compleja crisis entró ayer el polémico proyecto Mina Invierno, ubicado en la Región de Magallanes y que es de propiedad de las familias Angelini y von Appen. Hace dos semanas, el Tribunal Ambiental de Valdivia decidió mantener la medida cautelar que prohíbe la realización de tronaduras bajo 100 metros por sobre el nivel del mar y ayer la empresa anunció su paralización.

"Desgraciadamente, esta última resolución nos deja en una posición de inviabilidad operacional y financiera. Resulta imposible prolongar actividades más allá de noviembre, por lo que nos vemos obligados a iniciar el plan de paralización progresiva que concluirá en dicho mes", anunció el presidente de Mina Invierno, Marcos Büchi, en una carta enviada al periódico "El Pingüino".

La empresa informó la desvinculación de 150 trabajadores propios, alcanzando las 230 personas que han perdido sus fuentes laborales en lo que va del año, junto a lo cual se concretó la salida de trabajadores de empresas contratistas.

Según explicó Mina Invierno, el ajuste se enmarca en el plan de paralización progresiva anunciado por la compañía para enfrentar el crítico escenario operacional y financiero de la empresa, que se vio forzada a detener esta semana los últimos equipos dedicados a la remoción de estéril. En adelante, precisaron, sólo permanecerá operando una parte de la flota para la extracción del carbón remanente y otras tareas complementarias.

Y, aunque se paraliza la faena en noviembre, los ejecutivos salieron a aclarar más tarde que sin perjuicio de las medidas que han debido tomar, aún no se ha tomado una decisión de cierre y la compañía seguirá haciendo uso de todas las herramientas legales para revertir la decisión. "Mina Invierno aún no ha tomado una decisión de cierre. Vamos a continuar haciendo los esfuerzos desde el punto de vista legal para intentar revertir esta situación, pero la variable tiempo es crítico", advirtió el gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández.

La instancia ambiental resolvió que no existen antecedentes nuevos en el proceso que permitan modificar la prohibición, lo que impide extraer cerca del 98% de las reservas mineras del yacimiento, estimando que la información presentada por la compañía para revertir la medida es "confusa"

"Genera incerteza respecto de los efectos en el componente paleobotánico de las tronaduras autorizadas", dijo en ese momento.

Al ser consultada, la compañía aseguró que presentó al tribunal "todos los antecedentes técnicos que no solo descartan efectos adversos en el componente paleobotánico –como se concluyó en la evaluación ambiental- sino que además, reafirman el aporte de este método para la investigación científica, dando acceso a material fósil que de otra forma sería imposible obtener".

Y calificó como "inexplicable" que no se haya valorado el pronunciamiento de los organismos técnicos especializados como el Consejo de Monumentos Nacionales, el Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente, quienes en distintas instancias del proceso de evaluación ambiental, han descartado que las tronaduras puedan afectar el rescate y preservación de material paleobotánico.

La decisión provocó una rápida reacción en la industria. El presidente de la CPC, Alfonso Swett, manifestó su preocupación que los antecedentes que permitieron obtener la Resolución de Calificación AMbiental (RCA) no estén siendo considerados y se dañe así gravemente la confianza en la institucionalidad y la certeza jurídica.

Mientras, el líder de la Sonami, Diego Hernández, dijo que se trata de "un hecho que daña gravemente la confianza en la institucionalidad y el clima para el desarrollo de negocios".

Alcaldesa advierte impacto económico

Como una situación crítica, de incertidumbre y dolor calificó ayer la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, lo que está enfrentando su comuna y la Región de Magallanes. "En el corto plazo, en caso de no revertirse la medida cautelar, significa la paralización de las faenas con la consecuente pérdida de un importante número de puestos de trabajo que afectaría directamente a la región", señaló la autoridad. Esta situación, a su juicio, lleva a que su comuna no cuente con la conectividad marítima entre Isla Riesco y el continente, la desactivación de las antenas de celular que permiten conectividad telefónica y de internet en el sector sur de Isla Riesco y la pérdida de ingreso por concepto de patentes comerciales, cuyos recursos van dirigidos a programas sociales.
El aporte por concepto de patente comercial de la mina y todas las firmas relacionadas ronda los $ 350 millones al año.
"Quiero decir en forma clara y fuerte que la medida cautelar no tiene sustento jurídico, es absolutamente desproporcionada, discrecional y contraviene lo resuelto por el mismo Tribunal Ambiental", aseguró Vásquez.